Como todos los que seguís este blog sabréis (ver Manifiesto) (ver Red y Libertad), el Estado Español, mediante su Ley de Economia Sostenible, pretende acabar con la libertad en la red.

En un principio, esto está orientado a atacar a las paginas que de manera LEGAL comparten enlaces. Sin embargo, una vez aprobada, nada les impedirá usar la nueva ley para poder callar esas bocas que tanto les molestan. Esto, amigos mios, de toda la vida se ha llamado CENSURA. Y no podemos, ni debemos permitir que prospere.

En internet hay mucha voces, muchas mentes y demasiada libertad, parece ser que piensa el Gobierno. Y es que, al igual que en tiempos de dictadura, para los que están arriba, es conveniente que su pensamiento sea el único, que su voz sea la única y que los demás, mantengan sus ideas encerradas en sus cabezas, temerosos de ser los únicos locos que piensan de ese modo, hasta que sean erradicadas.

Para seguir adelante en nuestra lucha, David Bravo y Javier de la Cueva (quienes desde su posición de abogados llevan tiempo luchando contra la Entidades de Gestión) han liberado un documento mediante el cual, han presentado una Denuncia contra el Estado Español por el Monopolio de las Entidades de Gestión. Con la liberación de estos documentos, nos piden a todos los internautas que colaboremos.

Os pido que dediquéis unos minutos a leer los tres enlaces superiores para conocer la situación. Y una vez estéis informados, toméis partido. Yo ya he enviado mi denuncia y, espero que todos los que leéis esto, colaboréis. Nuestra libertad está en juego y no vamos a consentirles vernos caer. Somos el último bastión de la libertad, somo el principio de la liberación.


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Preguntas mas Frecuentes sobre la Denuncia contra el Estado Español

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.

2 – Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.

3 – Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente

4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: me pueden cerrrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que enlaza a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos.

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Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto se está publicando en multitud de sitios. Es libre. Si estás de acuerdo con su contenido, publicalo en tu blog, twitter, facebook o tu red social favorita. También animo a todos a leer la Declaración de Independencia del Ciberespacio (John Perry Barlow, 1996) que he vuelto a publicar con su fecha original.